IV REUNIÓN DE MINISTRAS, MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Declaración Conjunta

Las Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción de los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), nos reunimos hoy, 25 de noviembre de 2020, de manera virtual, con el objetivo de enviar un contundente mensaje de unidad y compromiso de combate a la corrupción y la impunidad en nuestra región.

Considerando que:

La corrupción es una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en donde predomina el abuso, la impunidad y la anulación de la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos, sin distinción de si ello proviene del ámbito gubernamental o privado, atentando así contra la democracia participativa y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Por lo tanto, para combatirla se requiere de soluciones estructurales, con un amplio espectro y una acción nacional y regional que contemple significativas dosis de participación ciudadana y el fortalecimiento de la cooperación internacional entre los Estados que transformen, en su esencia, las causas que la originan.

Los problemas de corrupción más severos están en la parte superior de las cúpulas de poder y residen, por un lado, en la captura del Estado por intereses económicos privados y, por otra parte, en la estructura piramidal que se gesta en las instituciones gubernamentales, propiciando la obstrucción de sus acciones y convirtiéndolo en un sistema altamente vulnerable para la corrupción. Asimismo, la raíz del problema no se gesta dentro del Estado sino en los márgenes del mismo, y éstos se han ampliado en los últimos años como resultado de las tendencias privatizadoras en la gestión de los asuntos públicos que involucran al Estado, al mercado y a la sociedad.

La corrupción surge también desde el sector privado, en su vínculo con el sector público, ya sea a través de organizaciones semipúblicas, de mercado u organizaciones privadas, entorpeciendo el crecimiento económico de nuestros países, reduciendo los niveles de empleo e inversión generando pérdidas y desvíos de recursos que deben ser canalizados hacia el bienestar social. Por lo tanto, para prevenirla y enfrentarla, es preciso estrechar esfuerzos y fundamental la implementación de estrategias anticorrupción de la mano con el sector privado, ya que la integridad es un valor y una obligación de los servidores públicos, pero también es responsabilidad de los empresarios y de los ciudadanos.

Es imperativo combatir y desterrar la corrupción y la impunidad de la vida nacional de nuestros países, con medidas contundentes y prioritarias dirigidas al desarrollo económico y social, que fomenten la transparencia, la ética y la integridad de los servidores públicos, y que permitan contribuir a dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por los gobiernos de la región en el marco de la Convención de Mérida (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción), así como en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y reforzar su implementación.

Los gobiernos de América Latina y el Caribe pierden cada año considerables cantidades de recursos a causa de la corrupción, ocasionando el incremento de la pobreza, la desigualdad, la marginación y 2 el deterioro institucional. Una de las consecuencias más graves de la corrupción en nuestra región es la privación de servicios básicos para las personas que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, pues impactan directamente en los programas y prestación de servicios sociales que corresponde al Estado garantizar.

La corrupción golpea a toda la sociedad, de maneras diversas y en distintos niveles, pero son las mujeres y niñas las más afectadas, entre otras razones, porque representan la mayor proporción de población en situación de pobreza y vulnerabilidad, pues existen diversas formas de este flagelo que las violentan especialmente y que no son visibles en las estrategias anticorrupción, como la extorsión sexual1. Reconocemos que el empoderamiento de las mujeres y la perspectiva de género deben ser una parte fundamental en las agendas anticorrupción de América Latina y el Caribe.

Es necesario tomar conciencia de que la corrupción vulnera los derechos fundamentales de las personas, por lo que los programas anticorrupción deben contener estrategias, protocolos de actuación para la atención a víctimas de la corrupción y políticas públicas de observancia nacional, con un enfoque de derechos humanos, no discriminación e igualdad, conforme a lo que establecen los principales instrumentos jurídicos internacionales en la materia.

La transparencia no debe concebirse como una obligación burocrática sino como un instrumento de acción colectiva que permite brindar información a la ciudadanía de manera proactiva, clara y sencilla, haciendo efectiva la rendición de cuentas. La información debe servir a los ciudadanos para vigilar mejor a sus gobiernos y a las autoridades para combatir la corrupción en donde lastima más a los ciudadanos.

Existe una clara necesidad de generar mejores datos para nuestros países sobre el fenómeno de la corrupción, para que esta información se traduzca en acciones transformadoras y no en simulación. Es preciso contar con elementos para diseñar y evaluar políticas, de acuerdo con el marco jurídico de cada país, desde la vivencia del pueblo y de sus experiencias con la autoridad; de promover la integridad, la buena gobernanza, una verdadera transparencia y la colaboración para intercambiar registros administrativos entre instituciones, y de terminar con la idea de que la información es poder para los burócratas y no para la gente.

La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto que las emergencias -de carácter endógeno o exógeno, como las epidemias, los desastres naturales, las crisis económicas y financieras, entre otrosrepresentan una amenaza para la vida de los habitantes de nuestra región, pero también para la integridad pública y privada, debido al cúmulo de oportunidades que la corrupción encuentra para prosperar y diseminarse durante dichas situaciones adversas y, por ende, constituyen un grave riesgo para el desarrollo, la economía, la democracia y la seguridad nacional.

La corrupción en situaciones de emergencia puede provocar la privación de la asistencia inmediata y adecuada a la ciudadanía, sobre todo cuando las instituciones y los mecanismos de supervisión y fiscalización son débiles, cuando la cultura de la denuncia es pobre y cuando los intereses privados se anteponen a los nacionales.

 

En tal sentido y ratificando la voluntad de los Estados miembros de la CELAC, plasmada en la Declaración de 2017 adoptada en Punta Cana, República Dominicana, en la que se acordó dar seguimiento a las recomendaciones y compromisos emanados de las anteriores Reuniones de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción, y centrar el trabajo en el cumplimiento de la Declaración de Panamá, de 2015, nos comprometemos decididamente a:

  1. Crear y fortalecer planes, programas y estrategias de carácter transversal que consoliden las acciones de políticas públicas dirigidas a combatir los hechos de corrupción e impunidad desde una perspectiva estructural;
  2. Mejorar la articulación y la coordinación entre las instancias gubernamentales y organismos autónomos encargados de implementar las políticas en materia de transparencia, fiscalización y combate a la corrupción;
  3. Promover e impulsar la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos, así como en el diseño de las políticas públicas en materia anticorrupción;
  4. Asegurar que nuestras estrategias anticorrupción sean incluyentes y atiendan a los sectores más vulnerables. Asimismo, implementar acciones afirmativas con perspectiva de género que promuevan el acceso de las mujeres a puestos directivos en la administración pública;
  5. Promover el robustecimiento de nuestras legislaciones nacionales para dar protección a los denunciantes, y a los informantes o alertadores (whistleblowers) sobre actos de corrupción, así como proveer de herramientas seguras que garanticen el anonimato y la confidencialidad;
  6. Impulsar una conducta ética en el ejercicio de la función pública, que fomente principios y valores como la honestidad, objetividad, imparcialidad, igualdad, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia, responsabilidad, excelencia y compromiso;
  7. Desarrollar elevados estándares éticos que incluyan la gestión adecuada de los conflictos de intereses, la tutela del derecho de acceso a la información pública, el uso adecuado de los recursos públicos, los mecanismos de rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública;
  8. Impulsar la adopción de políticas y programas de integridad en el sector privado para prevenir y mitigar los riesgos de corrupción. Lo anterior, con base en los más altos estándares y las mejores prácticas internacionales;
  9. Reforzar las acciones de fiscalización con una notoria participación ciudadana, que propicie la rendición de cuentas y una distribución eficiente y efectiva de los recursos públicos encaminada a garantizar servicios de bienestar social, principalmente en favor de los sectores más vulnerables en nuestros países;
  10. Promover la creación de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Transparencia y el Gobierno Abierto y consolidarla como un espacio permanente de diálogo, y cooperación entre nuestros Estados, en materia de transparencia, acceso a la información y gobierno abierto;
  11. Instalar formalmente el Grupo de Trabajo Especializado en la Prevención y Lucha contra la Corrupción, planteado desde 2014, para cumplir con su mandato y, particularmente: a) Dar seguimiento técnico a los acuerdos y compromisos anticorrupción; b) Intercambiar anualmente buenas prácticas y estrategias en materia anticorrupción implementadas en nuestra región, y c) Fortalecer la cooperación técnica entre nuestros países para lograr el cumplimiento de los compromisos internacionales;
  12. Propiciar sinergias entre los mecanismos de seguimiento existentes sobre la implementación de las convenciones internacionales anticorrupción en los que participen nuestros países, para obtener un mayor beneficio de cada instrumento y evitar así la duplicación de esfuerzos y la superposición de recursos públicos asignados para dicho propósito, y
  13. Permanecer cohesionados en un frente latinoamericano y caribeño, para impedir la corrupción y a la impunidad extender sus alcances en medio de cualquier situación de emergencia, y encaminando la actuación gubernamental a:
    a) Promover la transparencia y la utilización de datos abiertos para mantener a la ciudadanía informada en todo momento, tanto del desarrollo de la situación de emergencia como de las acciones del gobierno para contenerla;
    b) Privilegiar, en todos los casos y más aún durante las emergencias sanitarias, la utilización de sistemas de información transparente y abierta sobre las compras gubernamentales, de acuerdo con las legislaciones nacionales de cada país;
    c) Reforzar la fiscalización y vigilancia de los recursos públicos utilizados para atender las emergencias, así como de la ayuda internacional que se reciba para hacerles frente;
    d) Auspiciar sistemas de denuncia ciudadana de la corrupción y de las faltas administrativas relacionadas con actos corruptos cometidos por servidores públicos o por particulares –personas naturales y jurídicas– durante las emergencias, y garantizar su funcionamiento, y
    e) Fomentar en el sector privado la adopción de programas o códigos de ética, integridad y responsabilidad social y, de ser el caso, la colaboración con las autoridades competentes en la investigación de cualquier abuso en los precios de los productos de consumo humano de primera necesidad ante cualquier emergencia.


Finalmente, expresamos nuestras más sentidas condolencias por la trágica pérdida de vidas y el sufrimiento de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños como resultado de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y de la complicidad de la corrupción en ello. Avalamos los compromisos de esta IV Reunión Ministerial, los cuales representan un mensaje contundente contra el poder corrosivo de la corrupción y establecen una ruta clara para garantizar el acceso universal, justo, transparente y equitativo a los servicios y equipos médicos, vacunas y suministros asistenciales para atender el efecto nocivo de la pandemia.


Reconocemos que la corrupción es uno de los principales obstáculos comunes al desarrollo que hoy enfrentamos como región, por lo que nos congratulamos por la decidida convicción de la CELAC para reactivar los encuentros anticorrupción de alto nivel y es nuestro interés continuar colaborando en la V Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción, en 2021, para dar continuidad a los trabajos y al seguimiento de los compromisos alcanzados en esta fecha.


Dada en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil veinte.

1 La extorsión sexual en este contexto entendida como forma de soborno para acceder a servicios sociales u obtener algún beneficio específico en terrenos laborales, políticos, educativos o comunitarios.

 

 

                                                                                              

IV MEETING OF MINISTERS AND HIGH AUTHORITIES FOR THE PREVENTION AND FIGHT AGAINST CORRUPTION

PREVENTION AND FIGHT AGAINST CORRUPTION

Joint Declaration

The Ministers and High Authorities on the Prevention and Fight Corruption of the member countries in the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), we met virtually today, on the 25 of November of 2020, with the aim to send a strong message of unity and commitment against corruption and impunity within our region.

Considering that:

Corruption is a specific form of social domination based on a structural power disparity where abuse, impunity and the elimination of the active participation of citizens in public affairs prevail, regardless of whether it comes from the public or private scope, undermining participatory democracy and the sustainable development of our people. Therefore, to combat it, a wide range of structural solutions are required, as well as national and regional actions that includes significant doses of citizen participation and the strengthening of international cooperation among the States that transform in their essence the causes that originates corruption.

Most severe corruption problems are at the top of the power structures and reside, on the one hand, in the capture of the State by private economic interests and, on the other hand, in the pyramidal structure that is created in government institutions propitiating the obstruction of its actions and turning it into a bureaucratized system highly vulnerable to corruption. Likewise, the source of the problem is not within the State but at the margins of it, and these margins have expanded in recent years as a result of the privatization tendencies in the management of public affairs that involve the State, the market and society.

Corruption also emerges from the private sector, through its relationship with the government, whether through semi-public, market or private organizations, hindering the economic growth of our countries, reducing employment and investment levels, generating losses and embezzlement of public resources that should be channeled to social welfare. Therefore, to prevent it and to combat it is precisely to strengthening efforts and essential the implementation of anti-corruption strategies hand in hand with the private sector, since integrity is a high value and an obligation of public officials, but it is also the responsibility of entrepreneurs and citizens.

It is imperative to combat and banish corruption and impunity, from the national life of our countries. This, through forceful and priority measures oriented to the economic and social development, as well as transparency, ethics and integrity among public officials. In addition, that allow to fulfill the international commitments assumed by the governments of the region, stated in the Merida Convention (United Nations Convention against Corruption), and in the Inter-American Convention against Corruption and strengthen their implementation.

Each year, Latin American and Caribbean governments loses great amounts of money because of corruption, carrying out the increasing of poverty, inequality, marginalization and institutional degradation. One of the most serious consequences of corruption in our region is the deprivation of 2 UNIDAD DE POLÍTICAS DE APERTURA GUBERNAMENTAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL basic services for people in poverty and extreme poverty situation, since corruption directly distresses the provision of social programs and wellness services that are a duty of the State to guarantee.

Corruption strikes society, in different ways and at different levels, but it is women and girls who are most affected, among other reasons, because they represent the largest proportion of the population in a situation of poverty and vulnerability. Since there are various forms of this calamity that especially violates them and that are not visible in anti-corruption strategies, such as sexual extortion1. We recognize that the empowerment of women and the gender perspective must be a fundamental part of our anti-corruption agendas in Latin America and the Caribbean.

It is necessary to raise awareness about the negative impact of corruption for the fundamental rights of people. This is the reason why anti-corruption programs should have strategies, action protocols to provide attention to victims of corruption and national range public policies, with a human right perspective, non-discrimination and equality, in accordance to the main international legal frameworks on the matter.

Transparency should not be conceived as a bureaucratic obligation but as an instrument of collective action that allows for the proactive, clear and simple provision of information to citizens, making accountability effective. Information should be useful for citizens for a better surveillance of their governments and for the authorities to combat corruption where it afflicts people the most

There is a clear need to generate better data for our countries on the phenomenon of corruption, so that this information becomes into transformative actions and not into simulation. It is precisely to have elements for the designing and evaluation of policies, in accordance to each domestic legal frameworks, from their own experiences with authority to promote integrity, good governance, a true transparency and collaboration, to exchange administrative records among institutions, and to end the idea that information is power for bureaucrats and not for the people.

The COVID-19 pandemic has made clear that emergencies -of endogenous or exogenous nature, as pandemics, natural disasters, economic and financial crises, among other- threat citizens´ lives of our region, as well as the public and private integrity. This, due to the great opportunities that corruption finds to prosper and disseminate during such adverse situations and, therefore, it constitutes a serious risk for the development, the economy, democracy and national security.

Corruption in emergencies can deprive citizens of the immediate and adequate assistance, especially when the institutions and oversight mechanisms are weak, when the culture of reporting is poor, and when private interest took place above the national ones.

In this regard, and ratifying the will of the member States of CELAC, as expressed in the Declaration of 2017 adopted in Punta Cana, Dominican Republic, in which it was agreed to follow-up on the recommendations and commitments emanating from the past Meetings of Ministers and High Authorities on the Prevention of and Fight against Corruption, and to focus the work on compliance with the Panama Declaration of 2015, we firmly commit ourselves to:

  1. Create and strengthen plans, programs and strategies of a transversal nature that consolidate public policies actions aimed at combating acts of corruption and impunity from a structural perspective;
  2. Improve the articulation and coordination between government institutions and autonomous bodies responsible to implement transparency, surveillance and anti-corruption policies;
  3. Promote and encourage citizen participation in the oversight of public resources and in the design of anti-corruption public policies;
  4. Ensure that our anti-corruption strategies are inclusive and serve the most vulnerable sectors. Likewise, implement affirmative actions with a gender perspective that promote women’s access to executive positions in the public administration.
  5. Foster the strengthening of our domestic legislation to protect whistleblowers and reporters of corruption, as well as to provide safe tools that guarantee anonymity and confidentiality;
  6. Encourage an ethical conduct in the exercise of the public function that foster principles and values such as honesty, objectivity, impartiality, equality, transparency, accountability, efficiency, responsibility, excellence and commit.
  7. Develop high ethical standards that include proper management of conflicts of interest, protection of the right of access to public information, proper use of public resources, accountability mechanisms, and transparency in public management;
  8. Propel the adoption of integrity programs and policies in private sector to prevent and mitigate the risks of corruption. The above, based in the highest standards and the best international practices;
  9. Strengthen surveillance actions with a strong citizen participation to promote accountability and an efficient and effective distribution of the public resources directed to guarantee social wellbeing services, especially to favor the most vulnerable sectors of our countries.
  10.  Promote the creation of the Latin American and Caribbean Network for Transparency and Open Government and consolidate it as a permanent space of dialogue and cooperation between our States, in matter of transparency, access to information and open government.
  11. Formally install the Specialized Working Group on the Prevention and Fight against Corruption, proposed since 2014, to fulfill its mandate and in particular: a) Provide technical follow up to anticorruption agreements and commitments; b) Exchange on an annual-base anti-corruption good practices and strategies implemented in our region, and c) Strengthen technical cooperation among our countries to achieve compliance with international commitments;
  12. Propitiate synergies within the existent follow-up mechanisms for the implementation of international anti-corruption conventions in which our countries participate, in order to obtain a wider benefit of each instrument and avoid the duplication of efforts and extra allocation of public resources to that purpose, and
  13. Remain unified in a Latin American and Caribbean front, in order to prevent corruption and impunity from extending their reach during any emergency, and to guide government action to:

a) Promote transparency and the use of open data to keep citizens informed all the time, both development of the emergency and of government actions to contain it;

b) To favor in all cases and even more so during health emergencies, the use of transparent and open information systems on government procurement; according to the domestic legislations of each country;

c) Reinforce the auditing and surveillance of public resources used to deal with emergencies, as well as international aid received to deal with them;

d) Sponsor systems for citizen reporting of corruption and administrative offences related to corrupt acts committed by public servants or by individuals - both natural and legal persons - during emergencies, and ensure that they always operate; and

e) Encourage within the private sector the adoption of code of ethics, integrity and social responsibility and, if necessary, collaboration with the competent authorities in the investigation of any abuse of the prices of basic human consumption products in any emergency.

Finally, we express our deepest sympathies for the tragic loss of lives and suffering of our Latin American and Caribbean people as a result of the COVID-19 pandemic and the complicity of the corruption on it. We endorse the commitments of this IV Ministerial Meeting, which represent a strong message against the corrosive power of corruption and establishes a clear path to ensure universal, fair, transparent and equitable access to medical services and equipment, vaccines and assistance supplies to address the harmful effect of the pandemic.

We recognize that corruption is one of the main and most common obstacles for the development of our region that we currently face. Therefore, we welcome CELAC's firm conviction to reactivate the high-level anti-corruption meetings and it is of our interest to keep collaborating at the V Meeting of Ministers and High Authorities of the Prevention and Fight against Corruption in 2021, to continue the works and the follow-up of the achieved commitments on this date.

 

Dated in Mexico City, United Mexican States, on the twenty-fifth day of November of two thousand and twenty.

1 Sexual extortion in this context is understood as a form of bribery to gain access to social services or to obtain a specific benefit in labor, political, educational or community fields.