DECLARACIÓN CONJUNTA

V Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción

 

27 de octubre de 2021

 

Nosotros, las Ministras, Ministros y Altas Autoridades responsables de la Prevención y Lucha contra la Corrupción en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), reunidos el 27 de octubre de 2021, de manera virtual desde la Ciudad de México, para dar continuidad a los trabajos conjuntos para eliminar a la corrupción en nuestra región.

Considerando que:

La corrupción es un problema complejo y multifacético que requiere la acción regional urgente y soluciones estructurales de amplio espectro en aras de alcanzar, en menos de ocho años, las Metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Estamos firmemente comprometidos a mantenernos cohesionados en un frente latinoamericano y caribeño para desterrar a la corrupción de nuestros países. La cooperación regional es fundamental para la concertación de posiciones conjuntas que puedan hacer a América Latina y el Caribe un referente en la lucha anticorrupción a nivel mundial.

La corrupción incide, entre otros factores, en la democracia y las condiciones político- institucionales, como la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, la estabilidad y la polarización. Continuar el trabajo en favor de la participación de la sociedad civil y del sector privado son esenciales para asegurar ganancias en eficiencia del gasto público, mayor control de los recursos y reducción de la corrupción.

El combate a la corrupción debe también contribuir al desarrollo económico, social y humano, a contrarrestar la pobreza, la violencia, la inseguridad, la migración involuntaria y la delincuencia organizada, entre otros. Por lo tanto, los pueblos de América Latina y el Caribe necesitan del desarrollo institucional para dar sostenibilidad a los resultados alcanzados, a través de la modernización y el fortalecimiento de las instituciones y de la gestión pública del Estado, mediante la efectiva prevención de actos corruptos, para garantizar la vigencia plena del estado de Derecho.

Los procedimientos y coordinación interinstitucional para prevenir, detectar, disuadir, investigar, procesar y sancionar la corrupción deben contar con marcos jurídicos sólidos. Asimismo, las instituciones gubernamentales deben implementar códigos de ética, reglamentos de conducta u otros instrumentos similares, así como la regulación de conflictos de intereses y mecanismos de declaraciones que permitan vigilar la evolución patrimonial y fiscal, accesibles a la ciudadanía, como herramientas que fomenten la integridad, los principios y valores que deben regir el servicio público.

La cooperación con el sector privado debe seguir siendo una prioridad y debe alentarse a las empresas de nuestros países a tomar las medidas adecuadas sobre los riesgos de corrupción, apoyarlas a instalar sistemas efectivos de mitigación y cumplimiento, canales seguros de denuncia y protección a los denunciantes, entre otros, y fomentar un entorno empresarial saludable, regulado y con base en leyes sólidas y en las mejores prácticas internacionales.

La Declaración de la II Cumbre de Jefas y Jefes de Estados y de Gobierno de la CELAC que tuvo lugar en La Habana en enero de 2014, estipula la necesidad de crear un Grupo Especializado en la Prevención y Lucha contra la Corrupción (GEPLC). Por lo tanto, en consonancia también con las Declaraciones de la II y la IV Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la CELAC, de San Francisco de Quito (2014) y Ciudad de México (2020), respectivamente, hemos creado los lineamientos operacionales y el primer Programa de Trabajo integral con los que se dota al GEPLC de los elementos sine qua non para su funcionamiento adecuado.

Es imprescindible compartir información pública y, cuando se justifique la necesidad y sea acorde con las leyes nacionales, información reservada entre las autoridades competentes para mejorar el control y la vigilancia social, y de los flujos monetarios y redes u organizaciones delictivas en América Latina y el Caribe, así como las mejores prácticas anticorrupción que hayan o estén teniendo impactos relevantes y tangibles sobre nuestros ciudadanos, pero también identificar aquellas que no han sido eficaces o no han tenido los resultados esperados en nuestras políticas anticorrupción, para así contar con un panorama claro para el diseño de planes nacionales y estrategias con perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos que permitan reducir considerablemente la corrupción.

En ese mismo sentido, es fundamental propiciar la convergencia, complementariedad y sinergias con otros espacios multilaterales, a fin de aprovechar la membresía de nuestros países a diversos foros e instrumentos internacionales anticorrupción para analizar buenas prácticas de otras latitudes y, cuando sea posible, implementarlas de acuerdo a la realidad y contexto de nuestros países latinoamericanos y caribeños, evitando la dispersión de esfuerzos y recursos.

La transparencia, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y los datos abiertos en los países de América Latina y el Caribe son una necesidad imperante y una obligación de todos los gobiernos, pues contribuyen al combate a la corrupción y a la mejora de las acciones gubernamentales para brindar información a la ciudadanía de manera proactiva y sencilla.

Durante todo el año trabajamos arduamente para crear los lineamientos que hoy dan vida a la Red Latinoamericana y del Caribe para la Transparencia en la Gestión Pública, Gobierno Abierto y Datos Abiertos, planteada desde 2013 en la I Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuyo lema fue “Ama Qhilla, Ama Llulla y Ama Suwa” (no robar, no mentir y no ser flojo), con el objetivo de contar con un espacio intergubernamental permanente de diálogo, colaboración y cooperación respetuosa entre los Estados de la CELAC, con el propósito de identificar y compartir información, experiencias y buenas prácticas que faciliten la creación de políticas públicas y criterios instrumentados en materia de transparencia, acceso a la información, gobierno abierto, datos abiertos y, por extensión, contenidos relacionados con la participación ciudadana, la innovación, la gestión documental y la administración de archivos.

Tomando en cuenta lo anterior y lo señalado en la Declaración de la Presidencia Pro Tempore, en ocasión de la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC celebrada en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 2021, que destaca la importancia de los resultados de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) contra la Corrupción 2021, para afrontar eficazmente los desafíos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción, así como reforzar la cooperación internacional, confirmamos la voluntad de los gobiernos de unir esfuerzos para erradicar la corrupción de América Latina y el Caribe, la cual representa uno de los principales obstáculos al desarrollo de nuestras sociedades, y reiteramos la obligación de los Estados de avanzar en la implementación de la Convención de Mérida (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) y, con firme convicción, nos comprometemos a:

  1. Participar entusiasta y activamente, a través de nuestros especialistas técnicos, en las reuniones y trabajos del Grupo Especializado en la Prevención y Lucha contra la Corrupción, grupo ad hoc de la CELAC que hoy queda formalmente instalado, así como contribuir al cumplimiento de su mandato y a los programas de trabajo anuales que sean consensuados en el seno del grupo, evitando, en lo posible, la duplicación o superposición con otros esfuerzos internacionales en la materia;
  2. Continuar compartiendo anualmente las mejores prácticas y estrategias eficaces que han dado resultados contundentes contra la corrupción en nuestros países, así como promover la cooperación y definir la línea base, parámetros, metodología y periodicidad para aportar a los informes de rendición de cuentas que permitan analizar los avances de los Estados miembros de la CELAC en la lucha anticorrupción, y mantener como práctica la incorporación de principios de alto nivel rectores del Grupo Especializado en la Prevención y Lucha contra la Corrupción sobre los temas prioritarios para nuestra región;
  3. Garantizar el efectivo funcionamiento y constante mejora de la Red Latinoamericana y  del  Caribe  para  la  Transparencia en  la  Gestión  Pública, Gobierno Abierto y Datos Abiertos, y mantener una participación proactiva de nuestros gobiernos en los trabajos, de conformidad con sus lineamientos de operación que en esta fecha han quedado adoptados;
  4. Buscar mecanismos para que los códigos de ética, reglamentos de conducta e instrumentos similares sean difundidos de manera eficaz y eficiente, con la finalidad de facilitar su conocimiento y comprensión entre las personas servidoras públicas de las instituciones de todos los órdenes de gobierno;
  5. Promover y fortalecer la cultura del cumplimiento normativo (compliance) e integridad en el sector público, mediante canales de denuncia seguros, red de contactos en todas las instituciones nacionales, mapas de riesgos, indicadores de desempeño de las políticas anticorrupción, y canales de comunicación internos y externos que permitan socializar y capacitar sobre integridad y lucha contra la corrupción;
  6. Continuar fomentando la integridad empresarial y su involucramiento en la lucha anticorrupción, a través del trabajo colaborativo ente el sector público y privado, y la corresponsabilidad empresarial, que permitan robustecer las habilidades del sector privado para identificar actos de corrupción y diseñar estrategias de mitigación y prevención de la misma;
  7. Contribuir al diseño de políticas públicas y estrategias anticorrupción que abonen a prevenir y combatir los efectos transversales que ésta genera, como la migración irregular, la pobreza, el desempleo, la violencia y la inseguridad, y que permitan el crecimiento social y económico sostenido de los países de la región;
  8. Asegurarnos que nuestras estrategias anticorrupción sean incluyentes, articuladas, transversales, con perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos, e implementar acciones afirmativas para apoyar al empoderamiento de los grupos más vulnerables, mediante la difusión del conocimiento de sus derechos, a fin de favorecer su participación en la vida pública, su acceso a la información, al empleo digno y a que se involucren en los procesos de toma de decisiones importantes. Asimismo, nos comprometemos a profundizar la investigación para examinar las diferentes formas en que las personas sufren los efectos de la corrupción y cómo los programas que la combaten repercuten en cada grupo;
  9. Incluir considerablemente a la ciudadanía en la determinación de acciones tendientes a fortalecer nuestros mecanismos de fiscalización y de control interno para una mejor rendición de cuentas, optimizar la gestión pública y favorecer la recuperación de los recursos que se pierden a causa de la corrupción;
  10. Intensificar nuestros esfuerzos para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 encaminadas a fortalecer la recuperación y devolución de activos robados y luchar contra todas las formas de corrupción relacionada con la delincuencia organizada; erradicar la corrupción y el soborno en todas sus formas; contar con instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, el acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales, entre otras, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales, e
  11. Instar a las futuras Presidencias Pro Tempore de la CELAC a considerar en sus planes de trabajo una agenda permanente para la prevención y lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe;

Finalmente, las Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la CELAC reconocemos el liderazgo de México en la lucha anticorrupción reflejado en los trabajos realizados durante sus Presidencias Pro Tempore en 2020 y 2021. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera conjunta y consensuada para abatir la corrupción en América Latina y el Caribe en la VI Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

Dada en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil veintiuno.

   

JOINT  DECLARATION

Fifth Meeting of Ministers and High Authorities of Prevention and Fight against Corruption

October 27, 2021

 

We, the Ministers and High Authorities of the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) with responsibilities for preventing and fighting against corruption, met virtually on October 27, 2021, in Mexico City to continue the joint efforts to eliminate corruption in our region.

Considering that:

Corruption is a complex and multi-faceted issue that requires urgent regional action and wide-range structural solutions, in order to achieve in less than eight years the Targets of Sustainable Development Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions.

We are firmly committed to remain unified in a Latin American and Caribbean front to banish corruption from our countries. Regional cooperation is essential to reach joint positions in order to Latina America and the Caribbean become a global benchmark in the fight against corruption.

Corruption affects, among other factors, in democracy and the political-institutional conditions that exists in the region, such as citizen’s trust in public institutions, stability and polarization. It is essential to continue working in civil society and private sector participation to warrant efficiency profits in public spending, better control of resources and corruption reduction.

The fight against corruption must also contribute to economic, social and human development, counter poverty, violence, insecurity, involuntary immigration and criminal organizations, among others. Therefore, Latin America and the Caribbean people need institutional development to provide sustainable achievements through modernization and strengthening of public management, by effective prevention of corrupt acts to guarantee full validation of the rule of law.

The procedures and inter-institutional coordination to prevent, detect, deter, investigate, prosecute and sanction corruption must have solid legal. Likewise, government institutions should implement ethic’s codes, behaviour regulations or similar instruments, as well as conflicts of interest regulations and declaration mechanisms that allows to watch out the evolution of assets and taxes, accessible to citizens, as tools to promote integrity, principles and values that should rule public service.

Cooperation with the private sector must remain a priority and companies in our countries should be encouraged to take appropriate measures about corruption risks, support them to install effective mitigation and compliance systems, secure reporting channels and whistleblowers protection among others, and forging a healthy business environment regulated and built on robust laws and international best practices.

The Declaration of the Second Summit of Heads of States and Government of CELAC that took place in Havana in January 2014 establishes the need to create a Specialized Group for the Prevention and Fight against Corruption (SGPFC). Hence, also in line with the Declarations of the Second and Fourth Meeting of Ministers and High Authorities of Prevention and Fight against Corruption of CELAC, San Francisco de Quito (2014) and Mexico City (2020), respectively, we have created the operational guidelines and the first comprehensive work program that provide the SGPFC with the components that be performed accurately.

It is essential to continue sharing public information and, when the need is justified and suitable to the domestic laws, confidential information between competent authorities to improve social control and surveillance of money flows and criminal networks or organizations in Latin America and the Caribbean, as well as the best anti-corruption practices that have had or are having relevant and tangible impacts on our citizens, but also to identify those that have not been effective or have not had the expected results in our anti-corruption policies, in order to obtain a clear overview for the design of national plans and strategies with gender perspective and respect for human rights that allow a considerable corruption reduction.

In the same way, it is essential to promote convergence, complementarity and synergies with other multilateral spaces, in order to take advantage of our countries memberships in different international anti-corruption forums and instruments to analyse best practices from other latitudes, and when possible, to implement them according to reality and our Latin American and Caribbean countries context, avoiding the dispersion of efforts and resources.

Transparency, strengthening of accountability and open data in Latin America and Caribbean countries are an imperative need and an obligation of all governments, because these contribute to the fight against corruption and the governmental actions improvement to provide information to citizens in a proactive and simple way.

Throughout the year we have been working hard to create guidelines that bring to life the Latin American and Caribbean Network for Transparency in Public Management,

Open Government and Open Data, proposed since 2013 at the First Meeting of Ministers and High Authorities of Prevention and Fight against Corruption, in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, whose motto was "Ama Qhilla, Ama Llulla and Ama Suwa" (not stealing, not lying and not being lazy), with the aim of having a permanent space of intergovernmental dialogue, collaboration and respectful cooperation among the CELAC States with the purpose of identifying and sharing information, experiences and best practices that facilitate the creation of public policies and instrumented criteria in matters of transparency, access to information, open government, open data and, by extension, related contents about citizen participation, innovation, document management and file administration.

Taking the aforementioned into account and the stated in the Declaration of the Pro Tempore Presidency from the Sixth Summit of the Heads of State and Government of CELAC held in Mexico City on September 18, 2021, which highlights the importance of the results of the United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) Against Corruption 2021 to effectively face the challenges and implement measures to prevent and tackle corruption, as well as strengthen international cooperation, we confirm the will of the governments to join efforts to eradicate corruption in Latin America and the Caribbean, which represents one of the main obstacles for our societies development, and reiterates the obligation of the States to progress in the implementation of Merida Convention (United Nations Convention against Corruption), with firm conviction we commit to:

  1. Participate enthusiastically and actively, through our technical specialists, in the meetings and works of the Specialized Group for Prevention and Fight against Corruption, an ad hoc group of CELAC that is formally installed on this date, as well as contribute to the fulfilment of its mandate and the annual working programs agreed with the group avoiding, as far as possible, duplicate or overlap with other international efforts in the matter;
  2. Continue to share on an annual basis the best practices and effective strategies that have yielded overwhelming results against corruption in our countries, and promote cooperation, define the baseline and parameters, methodology and periodicity to contribute to the accountability reports that analyse progress of CELAC Member States in the fight against corruption and keep on incorporating high-level principles of the Specialized Group on Prevention and Fight against Corruption on priority issues for our región;
  3. Guarantee the effective functioning and constant improvement of the Latin American and Caribbean Network for Transparency in Public Management, Open Government and Open Data, and keep a proactive participation of our governments efforts, in accordance with its operating guidelines that have been adopted on this date;
  4. Seek mechanisms for efficient and effective diffusion of ethic codes, behaviour regulations and similar instruments, in order to facilitate its knowledge and comprehension among public officials of public administration institutions and all levels of government;
  5. Promote and strengthen regulatory compliance and integrity culture in public sector, through secure channels of complaint, a contact’s network in all national institutions, risk maps, performance indicators of anti-corruption policies, and internal and external communication channels that allow socialization and training on integrity and fight against corruption.
  6. Continue promoting business integrity and its involvement in the fight against corruption through collaborative work between public and private sectors, and business co-responsibility, that allow strengthening the private sector's capabilities to identify acts of corruption and design strategies for its mitigation and prevention;
  7. Contribute in the design of anti-corruption public policies strategies aimed to prevent and tackle the cross-cutting factors that it generates, such as irregular immigration, poverty, unemployment, violence and insecurity, through the adoption of development measures expressly conceived for this purpose, which allows sustained social and economic growth as well as the efforts to achieve productive and reliable development of our region countries;
  8. Warrant that our anti-corruption strategies are inclusive, articulated, transversal, with a gender perspective and respectful for human rights, and they implement affirmative actions to support the empowerment of the most vulnerable through the diffusion of their rights knowledge, in order to favour their participation in public life, information access, decent work and involvement in decision making processes. Likewise, we are committed to deepen research in order to examine different ways in which people suffer the corruption effects and how programs to combat it have repercussions on each group;
  9. Considerably include citizens in the determination of actions to strengthen our oversight and internal control mechanisms for improved accountability, optimize public management and favour the recovery of resources lost due to corruption;
  10. Intensify our efforts to achieve the Sustainable Development Goals targets of the 2030 Agenda aimed at strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of corruption related to organized crime; eradicate corruption and bribery  in  all  their  forms;  have  accountable,  effective  and  transparent institutions, and guaranteeing equal access to justice for everyone, access to public information and the right of protection of personal data among others, according to domestic laws and international agreements, and
  11. Urge the future Pro Tempore Presidencies of CELAC to consider a permanent agenda for the prevention and fight against corruption in Latin America and the Caribbean.

Finally, the Ministers and High Authorities of Prevention and Fight against Corruption of CELAC, recognize Mexico’s leadership in the fight against corruption revealed while its Pro Tempore Presidencies in 2020 and 2021. We reiterate our commitment to continue working both jointly and consensually to defeat corruption in Latin America and the Caribbean at the Sixth Meeting of Ministers and High Authorities for the Prevention and Fight against Corruption.

Dated in Mexico City, United Mexican States, on the twenty-seventh of October, two thousand twenty-one.